Así titula la EDITORIAL del Diario "EL PAÍS" del día 5 de Mayo de 2008,en un constante empeño en responsabilizar al Ministerio de Sanidad y en especial a su titular el señor Bernat Soria, a pesar de que este ministerio , su Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que actuando a través del SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información), ha aplicado las normas y protocolos establecidos en el capítulo IV del Reglamento 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de Enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
Veamos la editorial:
Resbalón inexplicado
La alarma sobre el aceite de girasol se canceló sin aclarar los motivos ni las consecuencias
05/05/2008
La crisis del aceite de girasol, provocada por unas partidas contaminadas con aceites minerales procedentes de Ucrania, estalló de una manera insólita y se pretende cerrar sin ofrecer un mínimo de explicaciones que tranquilicen definitivamente a los consumidores y convenzan a los productores y envasadores. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, no ha conseguido aclarar por qué se emitió una alerta alimentaria si no existía riesgo inmediato para la salud, ni por qué dicha alerta no fue acompañada de una prohibición expresa de comprar aceite de girasol. El argumento de que no existía riesgo de toxicidad aguda a corto plazo, combinado con las dudas sobre el volumen del aceite adulterado, conducen a la suposición de que la Agencia de Seguridad Alimentaria gestionó el problema con muy poco rigor y poca atención a los detalles.
Porque no es en las declaraciones de grandes principios donde se ventila la seguridad de los alimentos, sino en la aplicación coherente de las normas de inspección, control e información al consumidor. En nombre de la máxima seguridad de los alimentos se puede prohibir el consumo de un producto, pero no se debe emitir información imprecisa. Todavía hoy no se conocen las marcas afectadas por la supuesta adulteración, y pasarán semanas antes de que se conozcan; a pesar de lo cual, en 72 horas se montó y desmontó una alerta de contaminación cuyas causas, aparentemente, no han desaparecido. En lugar de seguridad, el ministerio ha transmitido zozobra y poca credibilidad.
Surge la duda de cómo pudieron entrar por las aduanas españolas miles de toneladas de aceite sin que se detectase la adulteración de la mercancía. La cuestión, planteada por los técnicos de Hacienda, ni es trivial ni debe ser causa de irritación. Simplemente requiere una respuesta razonada del ministerio o de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Porque la credibilidad de los ciudadanos en las garantías de control de los alimentos depende de que cuestiones así se expliquen de forma serena y detallada.
Cuando comparezca en el Parlamento, el ministro Soria debe explicar las razones de la alarma, los procedimientos de control que se siguieron en las fronteras y los filtros que piensa crear para que no vuelva a producirse un desconcierto similar. Pero con detalles concretos y no simplemente con invocaciones al principio de seguridad.
Veamos la editorial:
Resbalón inexplicado
La alarma sobre el aceite de girasol se canceló sin aclarar los motivos ni las consecuencias
05/05/2008
La crisis del aceite de girasol, provocada por unas partidas contaminadas con aceites minerales procedentes de Ucrania, estalló de una manera insólita y se pretende cerrar sin ofrecer un mínimo de explicaciones que tranquilicen definitivamente a los consumidores y convenzan a los productores y envasadores. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, no ha conseguido aclarar por qué se emitió una alerta alimentaria si no existía riesgo inmediato para la salud, ni por qué dicha alerta no fue acompañada de una prohibición expresa de comprar aceite de girasol. El argumento de que no existía riesgo de toxicidad aguda a corto plazo, combinado con las dudas sobre el volumen del aceite adulterado, conducen a la suposición de que la Agencia de Seguridad Alimentaria gestionó el problema con muy poco rigor y poca atención a los detalles.
Porque no es en las declaraciones de grandes principios donde se ventila la seguridad de los alimentos, sino en la aplicación coherente de las normas de inspección, control e información al consumidor. En nombre de la máxima seguridad de los alimentos se puede prohibir el consumo de un producto, pero no se debe emitir información imprecisa. Todavía hoy no se conocen las marcas afectadas por la supuesta adulteración, y pasarán semanas antes de que se conozcan; a pesar de lo cual, en 72 horas se montó y desmontó una alerta de contaminación cuyas causas, aparentemente, no han desaparecido. En lugar de seguridad, el ministerio ha transmitido zozobra y poca credibilidad.
Surge la duda de cómo pudieron entrar por las aduanas españolas miles de toneladas de aceite sin que se detectase la adulteración de la mercancía. La cuestión, planteada por los técnicos de Hacienda, ni es trivial ni debe ser causa de irritación. Simplemente requiere una respuesta razonada del ministerio o de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Porque la credibilidad de los ciudadanos en las garantías de control de los alimentos depende de que cuestiones así se expliquen de forma serena y detallada.
Cuando comparezca en el Parlamento, el ministro Soria debe explicar las razones de la alarma, los procedimientos de control que se siguieron en las fronteras y los filtros que piensa crear para que no vuelva a producirse un desconcierto similar. Pero con detalles concretos y no simplemente con invocaciones al principio de seguridad.
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