Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Vicepresidente segundo, después de la reunión del Consejo de Ministros
Madrid, viernes, 18 de abril de 2008
Vicepresidenta.- Buenos días. Disculpas por el retraso y bienvenidos a esta comparecencia posterior a la primera reunión ordinaria del Gobierno, a la primera sesión de viernes del Consejo de Ministros. Ha sido una reunión extraordinariamente importante por los dos grandes asuntos que hemos abordado de manera destacada y que tienen gran trascendencia para la vida de los españoles.
Para la explicación, como siempre clara, del segundo de los asuntos nos acompaña el Vicepresidente Solbes, que les contará el conjunto de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para que nuestra economía mantenga vigor en este período de desaceleración. Enseguida lo explicaremos, pero vayamos con el primer asunto, que tiene que ver con la política del agua, con el equilibrio entre los intereses y derechos de todos los españoles y con las necesidades de un Gobierno responsable que debe afrontar y dar las soluciones necesarias para abordar estos problemas.
Con ese espíritu el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la conducción urgente de agua desde Tarragona hasta Abrera, en la provincia de Barcelona. Lo ha hecho a través de un Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes, que les explicaré enseguida de manera sencilla, gráfica y contundente para evitar prejuicios y falsedades que crispan y enfrentan a unos españoles con otros. Explicaré, si me permiten, el contenido de la decisión del Gobierno con cinco puntos.
En primer lugar, este Real Decreto Ley atiende a una situación de emergencia. Si no actuamos, los ciudadanos de Barcelona se encontrarán en octubre sin agua para beber. Así de sencillo. De persistir esta situación de sequía, cinco millones de ciudadanos tendrían problemas de suministro. Un Gobierno responsable debe atender a esta emergencia y debe actuar con decisión. Sería imperdonable no hacerlo pero, sobre todo, resultaría claramente irresponsable no hacerlo.
El Gobierno de España, junto con el Gobierno de la Generalitat, ha venido estudiando distintas alternativas para dar una misma solución: que los ciudadanos de Barcelona tengan garantizado el consumo de agua. Y pensamos que hemos encontrado la mejor solución, que no es otra que la de conducir el agua que actualmente llega a Tarragona, primero, hasta la Abrera, para luego incorporarse al suministro de Barcelona. Esto se puede hacer sin que haya que extraer ni una gota más del río Ebro, ni una gota más. Por tanto, el caudal del Ebro queda exactamente como está ahora, igual, exactamente igual, que en la actualidad.
Esto me lleva al segundo punto. La conducción es una solución, además de urgente, sostenible.
En tercer lugar, estamos hablando de una solución temporal, que sólo se utilizará hasta que entre en servicio la desaladora de El Prat o bien hasta que termine la situación de emergencia, es decir, hasta que llueva lo suficiente.
Cuarto, la conducción no tiene impacto medioambiental. No sólo no tiene efecto alguno en el caudal del Ebro, sino que no produce efectos medioambientales porque se aprovecha el trazado de la autopista AP-7.
Y quinto, y muy importante: la conducción Tarragona-Abrera es igual que otras conducciones ya realizadas con anterioridad, por lo que no deja de ser sorprendente y, con sinceridad, bastante lamentable que se pretenda restar o humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron con todo derecho y cuando lo necesitaban los ciudadanos de Valencia o de Benidorm, por ponerles sólo dos ejemplos.
La conducción consiste sencillamente en extender una tubería de un metro de diámetro desde Tarragona hasta Abrera y enviar por ella el agua que desde hace veinte años se lleva desde el Ebro hasta Tarragona.
Quiero insistir en que no es nueva agua del Ebro. Ni una gota más saldrá del Ebro. Se trata de agua de la que ya disponen los regantes del Delta del Ebro y que ahora se conducirá hasta Barcelona para que en octubre haya suministro para que los barceloneses puedan beber.
La obra requiere unos seis meses de trabajo y una inversión de 180 millones de euros. Es el mismo sistema de conducción que se empleó para dar agua a los ciudadanos de Benidorm entre 1999 y 2001, y el mismo que permitió entre 2006 y 2007 llevar agua, curiosamente sin controversia política entonces, a un millón y medio de valencianos.
En definitiva, para resumir y también para fijar con claridad cuál es la posición del Gobierno, no se extrae ni una gota más del Ebro, por lo que no estamos hablando de trasvase, sino de conducción. Con esa claridad queda reflejado en el informe emitido por la Abogacía del Estado que certifica que no se trata de un trasvase. Se conduce agua ya en circulación hacia la ciudad de Barcelona y lo haremos tal y como ya hicimos nosotros o el Gobierno anterior hacia Benidorm, hacia Valencia o hacia Murcia, cuando sus ciudadanos lo necesitaron, y como lo volveremos a hacer para ellos y para cualquier otro ciudadano, viva donde viva, en cualquier parte de España.
Los españoles o las españolas de Barcelona, de Valencia, de Canarias o de Galicia tienen los mismos derechos, ni más ni menos; los mismos. Los barceloneses y las barcelonesas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. No tienen más, pero no tienen menos, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que en toda España todos compartamos en igualdad los recursos de todos.
Como les decía, no es la primera vez que el Vicepresidente y yo compartimos esta mesa, pero sí es la primera vez que lo hacemos en la nueva Legislatura, y enseguida comprobarán que su buen hacer sigue intacto, dado el importante conjunto de iniciativas económicas que hoy ha aprobado el Gobierno y es que la economía ha recibido esta mañana una especial atención por parte del Gobierno.
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan para incentivar la economía que supondrá una inyección de diez mil millones de euros este año y cercano a ocho mil millones el próximo. Las medidas que contiene el plan giran en torno a dos grandes ejes: uno, de carácter social, con medidas de protección a los trabajadores, empresas y familias; y otro, de carácter económico, para impulsar la economía en esta fase de menor crecimiento.
Es, sin duda, un plan de estímulo económico muy importante que contempla medidas como la anunciada rebaja de impuestos a través de la deducción de los cuatrocientos euros en el IRPF y de la que se beneficiarán todos los trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pensionistas; iniciativas destinadas a las familias que están pagando una hipoteca, para que puedan alargar los plazos de amortización de su crédito hipotecario sin coste alguno durante los próximos años; modificaciones como la Ley del IVA para mejorar el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones; medidas de impulso al mercado de la vivienda protegida, fomentando su construcción y favoreciendo la concesión de créditos hipotecarios a través del ICO para su adquisición; y, por supuesto, medidas para reforzar la actividad en el sector de la construcción mejorando la ejecución de las obras públicas y favoreciendo el reciclaje de los trabajadores del sector con un plan específico.
Para mejorar la liquidez de las empresas, hemos decidido incrementar avales del Tesoro para otorgar créditos a las Pymes y aprobado la modificación del sistema de devoluciones del IVA, que a partir del año próximo pasará a ser mensual.
En resumen, se trata de un primer conjunto de medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico, a ayudar a quienes tienen que hacer frente a una cuota más alta en su hipoteca por la subida del Euríbor, a estimular la actividad empresarial en general y en el sector de la construcción en particular, con incentivos para la vivienda protegida, rehabilitación e inversión en obra pública; y también para garantizar la liquidez en el mercado y fomentar la actividad empresarial.
Se trata de un plan que podemos poner en marcha y lo podemos poner en marcha porque la política económica y presupuestaria que ha hecho el Gobierno en los últimos cuatro años ha permitido acumular superávit en las cuentas públicas. Precisamente son esas reservas acumuladas las que nos permiten tomar medidas para estimular la economía, para animar la creación de empleo y, en definitiva, para ayudar a los ciudadanos y a las familias que viven con mayores dificultades.
Son unas medidas a las que más adelante habrá que sumar las que surjan del diálogo social y económico que vamos a poner en marcha, y las de las reformas que también el Vicepresidente del Gobierno va a promover a favor de la competitividad, de la reforma de la Administración y las que tienen que ver con el cambio de patrón económico derivado del impulso innovador, tecnológico e investigador.
Ya muy brevemente, quería reseñarles que, como recordarán, el lunes el Gobierno acordó recabar del Consejo General del Poder Judicial el informe preceptivo sobre la propuesta de cese y nombramiento del Fiscal General del Estado. Pues bien, el Consejo ha informado positivamente sobre la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, hemos tomado conocimiento de esta decisión y el Consejo ha acordado remitir al Presidente del Congreso de los Diputados la propuesta del nombramiento de don Cándido Conde-Pumpido como Fiscal General del Estado, a los efectos de que se haga la preceptiva comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.
Quiero destacar también un importante acuerdo adoptado hoy por el Consejo que permitirá que en España se instale una oficina de representación de la Organización Internacional para las Migraciones. Creo que resulta muy esclarecedor que esta importante organización, la OIM, haya decidido instalarse en España y es que nuestro país, no sólo está trabajando con eficacia en esta tarea de contar con una inmigración legal y ordenada, sino que además está promoviendo su estudio y debate constructivo en todos los foros internacionales.
El Consejo ha autorizado también la contratación de la adquisición de equipos y medios técnicos para la ejecución del despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, más conocido como SIVE, en las Islas Baleares y en la provincia de Castellón, por un importe de quince millones de euros. Saben que estamos implantando todo el sistema en toda la costa y con esta decisión es evidente que lo que pretendemos es mejorar la vigilancia del litoral para luchar con más eficacia contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico, y, por supuesto, para prestar ayuda humanitaria con más rapidez a los ocupantes de las embarcaciones detectadas.
Y finalizo con infraestructuras. El Consejo ha autorizado la realización de obras complementarias en el nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste de España. La inversión supera los 113 millones de euros.
Ya saben que pueden ampliar la información en la Referencia. Les dejo con el Vicepresidente, no sin antes decirles que, como ya ustedes se esperaban, hoy se han producido, como complemento de lo que hicimos en el anterior Consejo de Ministros, muchos nombramientos de altos cargos de la Administración que, por supuesto, los tienen también en la Referencia.
Vicepresidente.- En primer lugar, para iniciar el curso y la Legislatura les diría que hoy, como ha señalado la Vicepresidenta, el Gobierno ha adoptado un primer paquete de medidas, primer paquete de medidas lo cual quiere decir que habrá decisiones recurrentemente en función de las necesidades de la economía que pretenden, básicamente, estimular la demanda dando más recursos a las familias, apoyar al sector inmobiliario y a apoyar la financiación de pequeñas y medianas empresas, intentando, en gran medida, buscar soluciones a los problemas de liquidez sin suplantar, por supuesto, al mercado.
En segundo lugar, es verdad que este esfuerzo que se hace con el paquete o con el conjunto de medidas, mejor que paquete, que hoy presentamos es coherente con nuestro compromiso político del equilibrio fiscal. Esa filosofía va a seguir también aplicándose a lo largo de esta Legislatura y creemos que es fundamental para la credibilidad de nuestro país en el exterior.
Con estas medidas cumplimos los compromisos que se adoptaron en la campaña electoral. Evidentemente, como decía anteriormente, volveremos a hablar de economía bastantes veces a lo largo de la Legislatura y seguimos con nuestra idea de poner en marcha un diálogo con los interlocutores sociales en los próximos meses, de tal forma que gran parte de los temas que tengamos que poner en marcha sea con el máximo consenso posible.
A partir de ahí, hago un comentario inicial sobre la coyuntura actual y después pasaré a las medidas propiamente dichas.
Sobre la coyuntura actual, la situación económica global, la situación económica mundial, está siendo marcada por unas turbulencias financieras internacionales que se originan en Estados Unidos, que merman la liquidez de los mercados y que acaban teniendo o pudiendo tener impacto sobre las perspectivas de crecimiento en todo el mundo desarrollado. Es, por lo tanto, una coyuntura complicada, de duración incierta y con efectos difíciles de estimar de forma precisa.
Al mismo tiempo, en España nos enfrentamos con un escenario, como consecuencia de nuestra posición en el ciclo, de una cierta desaceleración que, sobre todo, afecta al sector de la construcción. Es un sector que, como ustedes conocen y lo hemos repetido muchas veces, ha tenido unos años de importante actividad, posiblemente incluso superior a las necesidades de una demanda normal, y que, lógicamente, hay que reconducir de forma progresiva a una posición de equilibrio, de tal forma que nos permita mantener una actividad que sea algo más moderada, pero más sostenible.
Pese a la coyuntura inmobiliaria y pese a esa incidencia en las turbulencias financieras, yo creo que todas las previsiones que en estos momentos tenemos, incluyendo las más pesimistas, lo que dan son crecimientos para nuestro país entre medio y un punto por encima del crecimiento de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, digamos, somos conscientes de esta situación de desaceleración pero también somos conscientes que tenemos un margen de maniobra; margen de maniobra que, si ustedes han seguido la campaña electoral, y ya lo hemos destacado en ella, la consecuencia de la anterior Legislatura es que España disponga de una razonable fortaleza económica que sitúa a nuestro país en una mejor disposición para afrontar las complicaciones que puedan presentarse en un contexto como el actual.
Hemos hablado del superávit presupuestario, hemos hablado de la reducción de la deuda, hemos hablado también de la gran inversión que hemos realizado durante estos años y del mayor empleo. Todo eso ha significado capacidad de crecimiento potencial adicional para nuestra economía y margen de maniobra adicional para hacer frente a estas circunstancias.
Esos fundamentos positivos a los que he hecho referencia nos han permitido un margen de maniobra fiscal, al que hemos recurrido para adoptar alguna de las medidas que les voy a comentar, especialmente la de los cuatrocientos euros, y que nos permite reaccionar de forma positiva en una coyuntura como la actual.
Dicho esto, pasamos al plan de estímulo económico de diez mil millones de euros, del que luego contaré cuál es la naturaleza de cada una de las medidas en términos presupuestarios o financieros.
El paquete o las medidas que hoy presentamos recogen como idea preponderante la rebaja de impuestos. Con ella devolvemos a la sociedad parte de los recursos que habíamos acumulado en el período anterior. Van destinados, fundamentalmente, a empresas y familias, y consideramos que es razonable llevar a cabo este esfuerzo.
También, como he comentado anteriormente, pretenden impulsar el sector de la construcción, especialmente el de la vivienda protegida, ya que la vivienda libre está mostrando un menor dinamismo en este momento, como es lógico. Y, además de la vivienda protegida, prestar atención también a la rehabilitación de vivienda o a la obra civil. Obviamente, los grandes afectados de una reducción de actividad en el sector de la construcción son los trabajadores, especialmente la construcción residencial, y por eso es importante que también prestemos atención a qué se puede hacer en el caso de los trabajadores.
En definitiva, las medidas se orientan alrededor de dos ejes: uno social (protección de la familia, protección de trabajadores y protección de las empresas ante este nuevo escenario económico) y uno económico, que es impulsar la economía desde el Presupuesto en esta fase de menor crecimiento pero, como he dicho anteriormente, con la idea fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico. Ese criterio, como he dicho, debe conformar nuestra política económica y debemos incorporarlo como un elemento clave de nuestro modelo económico, que nos va a permitir así reforzar nuestras posibilidades de crecimiento.
En cuanto a las medidas que hemos adoptado, en el ámbito impositivo la primera idea es la nueva deducción de cuatrocientos euros, medida que estaba recogida o que se planteó durante la campaña electoral y que anunciamos que sería puesta en marcha en el primer Consejo de Ministros de esta Legislatura. Supone un importante apoyo a las familias y a los trabajadores, que va a permitir aumentar su renta disponible y, sin duda alguna, tendrá un impacto positivo sobre el consumo. Estamos hablando de un ahorro total para los contribuyentes de, aproximadamente, seis mil millones de euros que es un ahorro de 0,6 puntos del PIB y un aumento del 0,9 por 100 de la renta disponible de las familias. Por lo tanto, pensamos que tendrá impacto positivo sobre la economía.
Las medidas adoptadas el pasado año en reducción de impuestos fueron 8.650 millones de euros y con esta nueva deducción estamos hablando así de 6.000 millones de euros más, que afectan a más de dieciséis millones de contribuyentes.
La segunda idea en el ámbito impositivo es promover la rehabilitación mediante una mejora del tratamiento fiscal. La rehabilitación de edificios en nuestro país sólo se considera que es tal, y por lo tanto tiene ventajas fiscales, en su concepción tradicional, cuando se llevan a cabo obras fundamentales de las viviendas y por una cuantía superior al 25 por 100 del valor total del inmueble. En el valor total del inmueble se incluía el suelo y se incluía el del inmueble propiamente dicho. Con motivo de que más gente pueda acogerse a estas ventajas que van a permitir la rehabilitación, ese 25 por 100 se aplicará sólo al vuelo y no al suelo. Eso quiere decir que muchas más rehabilitaciones de este tipo se podrán poner en marcha.
Como medida complementaria de lo que también en el IRPF, cuando hay reformas de tipo estructural en las viviendas, hay para las familias algunas ventajas, para el IRPF lo que haremos es, en un plazo de tres meses, también dar el mismo tratamiento.
Una tercera idea en términos fiscales es que el Gobierno ha decidido eliminar el gravamen del Impuesto sobre Patrimonio, de forma que la declaración que vamos a presentar este año y que corresponde al año 2007 es la última declaración que se va a presentar. Dicho en otros términos, es verdad que el Impuesto se devenga a 31 de diciembre, pero por entendernos diríamos que ya no hay que pagar Impuesto de Patrimonio desde el primero de enero de este año. Por lo tanto, ya en el año 2008 no se paga impuesto de Patrimonio si se aprueba esta norma por el Parlamento y, lógicamente, no se devengará el 31 de diciembre y no tendrá que pagarse el año que viene.
Un segundo paquete de temas está vinculado a ayudas al mundo hipotecario y ayudas a la liquidez. La primera idea es la ayuda a las familias hipotecadas. Éste es un tema que también lo presentamos durante la campaña electoral. A partir del mes de mayo se podrá plantear la prolongación o el alargamiento del período de vida de las hipotecas. Esta medida tendrá vigor durante dos años. Consiste en un acuerdo, básicamente, con el sistema financiero, pero también con los notarios y registradores y a través de un sistema mejor definido que permita la reducción de gastos, para conseguir que los costes que hoy tiene el paso de una hipoteca al alargamiento o a la ampliación del período hipotecario sean con un coste cero.
Dentro de estos temas también está la mejora de la liquidez de las empresas a través de la ampliación de la línea de los fondos de FTPYME. Aquí la idea es muy simple: con objeto de captar recursos, prestamos el aval del Tesoro para poder recoger más o recoger en mejores condiciones liquidez que permita financiar a las pequeñas y medianas empresas a través del sistema bancario.
Otra medida que tiene que ver con la liquidez es la aceleración de las devoluciones del IVA. Como posiblemente ustedes conocen, hasta ahora las devoluciones del IVA en las grandes empresas se producen mensualmente pero, sin embargo, en el grueso de las empresas, que no son las grandes empresas, que son muy pocas, se produce el año siguiente, es decir, una vez vencido el ejercicio correspondiente. Aquí lo que planteamos es que las devoluciones se produzcan mensualmente en el propio ejercicio.
La puesta en marcha de un modelo, de un sistema de ese tipo, lo que significa es un cambio importante en todo el sistema informático. Por eso tomamos la decisión ahora y no la podemos aplicar hasta el próximo ejercicio del año 2009; pero, sin embargo, creemos que el “timing” de esta decisión y la cuantía de esa decisión son correctas y son positivas, porque supondrá que a partir del primero de enero vamos a introducir en el mercado hasta seis mil millones más de euros de devolución a las empresas lo que, lógicamente, permitirá mejorar en 2009 la liquidez de las empresas que en estos momentos están pagando IVA.
Vinculada al estímulo a la financiación de vivienda protegida, pero también vinculada con el tema de la liquidez, está la idea de ampliar la línea de avales que el ICO está dando hoy al sector financiero para la titulización de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida, y pasamos de tres mil millones a cinco mil millones; por tanto, dos mil millones más.
Hay también una preocupación del Gobierno en reforzar la actividad en la construcción de la obra pública. Por eso desde la Comisión Delegada vamos a prestar especial atención a este tema. En todo caso, sí querría ya darles alguna información que la Ministra de Fomento nos facilitó ayer en la primera Comisión Delegada en la que hablamos de estos temas y que puede dar una idea de cómo va la liquidación de Fomento, que no es toda la obra pública del país, pero es la parte muy importante de la obra pública del país.
Fomento ha realizado un esfuerzo muy importante en estos meses, a pesar del período electoral, para acelerar la licitación de obra pública. En el primer trimestre del año se han licitado obras por más de seis mil millones de euros, lo cual supone un incremento de licitación de más del 90 por 100 respecto al mismo período del año anterior. Esto representa que el 40 por 100 del total de licitación prevista para el año 2008 se ha producido ya.
Evidentemente, después de la licitación viene la concesión y el inicio de la obra, lo cual quiere decir que a lo largo del segundo semestre de este año y el año que viene vamos a tener en marcha la maquinaria de construcción con toda su potencia y, sin duda alguna, será un elemento compensador y muy positivo en términos de evolución de la economía.
Para la vivienda protegida hay alguna serie de temas que tienen que dilucidarse en Conferencia Sectorial, hay que avanzar sobre ellos y, por lo tanto, se convocará urgentemente la Conferencia Sectorial de Vivienda para, por una parte, analizar las medidas necesarias para agilizar la construcción de vivienda protegida hasta alcanzar esos 150.000 viviendas que pretendemos alcanzar al año. Como ustedes saben, éste es un tema compartido con Comunidades Autónomas, pero también los Ayuntamientos responsables del suelo tienen mucho que decir. En consecuencia, no son medidas fáciles de poner en marcha y ésa es la tarea, la primera tarea, de la nueva Ministra de Vivienda.
Lógicamente, hay elementos de rehabilitación que no quedan cubiertos por las medidas que hemos adoptado hasta ahora que también tendrán que ser considerados, y tendrá que prestar también especial atención a la utilización de otros recursos que están en otros programas de otros Ministerios, pero que tienen mucho que ver con la vivienda, y que son los programas de accesibilidad y de eficiencia energética.
En un ámbito totalmente distinto, pero que sí que está vinculado al tema de liquidez, hay una medida sobre facilitación de la inversión extranjera mediante la fiscalidad de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija.
Vender en el exterior deuda pública, pero también otros instrumentos financieros de renta fija, públicos o privados, ha sido tradicionalmente una de las líneas de financiación de nuestra economía. Hoy prácticamente la mitad de la deuda del Estado está en manos de no residentes. Sin embargo, el régimen aplicable a los inversores en deuda pública y en estos instrumentos a los que he hecho referencia se ha quedado absoleto en comparación con el sistema que aplican otros países de la Unión Europea por las trabas especialmente vinculadas a las declaraciones que son necesarias para la devolución de los impuestos percibidos. En consecuencia, lo que pretendemos con esta norma es evitar esas trabas y estar en las mismas condiciones que otros países para conseguir facilitar que ese tipo de activos compita en igualdad de condiciones en nuestro mercado con otros mercados europeos.
En el ámbito de la construcción decía que hay un punto que nos interesaba especialmente, que era el de la recolocación de los trabajadores desempleados. Por eso, después de consultar con las organizaciones sindicales, se proponen unas medidas de inserción laboral y de formación profesional que están vinculadas y que lo que pretenden es que la gente que salga de ese sector pueda encontrar trabajo en otro tipo de actividades. Al mismo tiempo, se establecen algunas ayudas mensuales de 350 euros para la búsqueda de empleo durante tres meses máximo para desempleados con especiales dificultades de inserción y con rentas muy bajas, rentas inferiores al IPREM.
También hay unas ayudas a trabajadores desempleados cuya contratación implique movilidad geográfica para intentar que la disponibilidad de los trabajadores que existe en nuestro país, lógicamente, pueda encajarse de acuerdo con nuestras necesidades.
Todo este plan tiene una dotación de doscientos millones de euros, a grosso modo, que financiará el Ministerio de Trabajo.
Un tema distinto, que en cierta medida es resolución de un problema puntual, es el de las empresas que tienen dificultades como consecuencia de la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad para presentar sus cuentas con la opción entre pago fraccionado con cargo al pasado año o este año. Ha sido difícil todo ese proceso, hay que ampliar ese plazo, ese plazo se prorrogará desde el 20 de abril hasta el 5 de mayo y, lógicamente, ese plazo les permitirá a las empresas elegir entre una u otra opción.
Hay un sumatorio de las cifras para rebaja de impuestos y recolocación, y cada cifra es de naturaleza distinta. Los seis mil millones son, evidentemente, deducción de impuestos, que, por lo tanto, afectan al Presupuesto; la recolocación de trabajadores desempleados también se financiará con el presupuesto ya existente en el Ministerio de Trabajo; hay una movilización de recursos, por lo tanto de liquidez, que es la mejora de liquidez de empresas, en dos mil millones, y el estímulo a la vivienda protegida también es de dos mil millones, lo cual supone unos 10.000 millones o 10.200 millones de inyección de recursos a la economía, lo que, sin duda, tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico.
Las medidas tendrán también impacto en 2009, en la medida en que habrá un impacto presupuestario de menor recaudación en el Impuesto de Patrimonio de unos 1.800 millones de euros que, lógicamente, al ser un recurso de Comunidades Autónomas habrá que trasladar a Comunidades Autónomas y habrá de financiarse por los Presupuestos del Estado; y, en segundo lugar, el adelanto de las deducciones del IVA mejorará la liquidez en seis mil millones a los ciudadanos españoles.
Éste es el conjunto de medidas que hoy hemos adoptado. Yo creo que es complejo, pero es importante. Únicamente me ha faltado un punto, para que no haya error posteriormente, que es que las ayudas a las familias hipotecadas es una medida de tipo temporal que estará en vigor durante dos años. Por lo tanto, empezará en mayo y estará en vigor durante dos años, los dos próximos años, para hacer frente a este tipo de dificultades específicas.
Éstos son todos los comentarios que quería hacer y estoy a su disposición para contestar a cualquier otro tema.
Madrid, viernes, 18 de abril de 2008
Vicepresidenta.- Buenos días. Disculpas por el retraso y bienvenidos a esta comparecencia posterior a la primera reunión ordinaria del Gobierno, a la primera sesión de viernes del Consejo de Ministros. Ha sido una reunión extraordinariamente importante por los dos grandes asuntos que hemos abordado de manera destacada y que tienen gran trascendencia para la vida de los españoles.
Para la explicación, como siempre clara, del segundo de los asuntos nos acompaña el Vicepresidente Solbes, que les contará el conjunto de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para que nuestra economía mantenga vigor en este período de desaceleración. Enseguida lo explicaremos, pero vayamos con el primer asunto, que tiene que ver con la política del agua, con el equilibrio entre los intereses y derechos de todos los españoles y con las necesidades de un Gobierno responsable que debe afrontar y dar las soluciones necesarias para abordar estos problemas.
Con ese espíritu el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la conducción urgente de agua desde Tarragona hasta Abrera, en la provincia de Barcelona. Lo ha hecho a través de un Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes, que les explicaré enseguida de manera sencilla, gráfica y contundente para evitar prejuicios y falsedades que crispan y enfrentan a unos españoles con otros. Explicaré, si me permiten, el contenido de la decisión del Gobierno con cinco puntos.
En primer lugar, este Real Decreto Ley atiende a una situación de emergencia. Si no actuamos, los ciudadanos de Barcelona se encontrarán en octubre sin agua para beber. Así de sencillo. De persistir esta situación de sequía, cinco millones de ciudadanos tendrían problemas de suministro. Un Gobierno responsable debe atender a esta emergencia y debe actuar con decisión. Sería imperdonable no hacerlo pero, sobre todo, resultaría claramente irresponsable no hacerlo.
El Gobierno de España, junto con el Gobierno de la Generalitat, ha venido estudiando distintas alternativas para dar una misma solución: que los ciudadanos de Barcelona tengan garantizado el consumo de agua. Y pensamos que hemos encontrado la mejor solución, que no es otra que la de conducir el agua que actualmente llega a Tarragona, primero, hasta la Abrera, para luego incorporarse al suministro de Barcelona. Esto se puede hacer sin que haya que extraer ni una gota más del río Ebro, ni una gota más. Por tanto, el caudal del Ebro queda exactamente como está ahora, igual, exactamente igual, que en la actualidad.
Esto me lleva al segundo punto. La conducción es una solución, además de urgente, sostenible.
En tercer lugar, estamos hablando de una solución temporal, que sólo se utilizará hasta que entre en servicio la desaladora de El Prat o bien hasta que termine la situación de emergencia, es decir, hasta que llueva lo suficiente.
Cuarto, la conducción no tiene impacto medioambiental. No sólo no tiene efecto alguno en el caudal del Ebro, sino que no produce efectos medioambientales porque se aprovecha el trazado de la autopista AP-7.
Y quinto, y muy importante: la conducción Tarragona-Abrera es igual que otras conducciones ya realizadas con anterioridad, por lo que no deja de ser sorprendente y, con sinceridad, bastante lamentable que se pretenda restar o humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron con todo derecho y cuando lo necesitaban los ciudadanos de Valencia o de Benidorm, por ponerles sólo dos ejemplos.
La conducción consiste sencillamente en extender una tubería de un metro de diámetro desde Tarragona hasta Abrera y enviar por ella el agua que desde hace veinte años se lleva desde el Ebro hasta Tarragona.
Quiero insistir en que no es nueva agua del Ebro. Ni una gota más saldrá del Ebro. Se trata de agua de la que ya disponen los regantes del Delta del Ebro y que ahora se conducirá hasta Barcelona para que en octubre haya suministro para que los barceloneses puedan beber.
La obra requiere unos seis meses de trabajo y una inversión de 180 millones de euros. Es el mismo sistema de conducción que se empleó para dar agua a los ciudadanos de Benidorm entre 1999 y 2001, y el mismo que permitió entre 2006 y 2007 llevar agua, curiosamente sin controversia política entonces, a un millón y medio de valencianos.
En definitiva, para resumir y también para fijar con claridad cuál es la posición del Gobierno, no se extrae ni una gota más del Ebro, por lo que no estamos hablando de trasvase, sino de conducción. Con esa claridad queda reflejado en el informe emitido por la Abogacía del Estado que certifica que no se trata de un trasvase. Se conduce agua ya en circulación hacia la ciudad de Barcelona y lo haremos tal y como ya hicimos nosotros o el Gobierno anterior hacia Benidorm, hacia Valencia o hacia Murcia, cuando sus ciudadanos lo necesitaron, y como lo volveremos a hacer para ellos y para cualquier otro ciudadano, viva donde viva, en cualquier parte de España.
Los españoles o las españolas de Barcelona, de Valencia, de Canarias o de Galicia tienen los mismos derechos, ni más ni menos; los mismos. Los barceloneses y las barcelonesas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. No tienen más, pero no tienen menos, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que en toda España todos compartamos en igualdad los recursos de todos.
Como les decía, no es la primera vez que el Vicepresidente y yo compartimos esta mesa, pero sí es la primera vez que lo hacemos en la nueva Legislatura, y enseguida comprobarán que su buen hacer sigue intacto, dado el importante conjunto de iniciativas económicas que hoy ha aprobado el Gobierno y es que la economía ha recibido esta mañana una especial atención por parte del Gobierno.
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan para incentivar la economía que supondrá una inyección de diez mil millones de euros este año y cercano a ocho mil millones el próximo. Las medidas que contiene el plan giran en torno a dos grandes ejes: uno, de carácter social, con medidas de protección a los trabajadores, empresas y familias; y otro, de carácter económico, para impulsar la economía en esta fase de menor crecimiento.
Es, sin duda, un plan de estímulo económico muy importante que contempla medidas como la anunciada rebaja de impuestos a través de la deducción de los cuatrocientos euros en el IRPF y de la que se beneficiarán todos los trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pensionistas; iniciativas destinadas a las familias que están pagando una hipoteca, para que puedan alargar los plazos de amortización de su crédito hipotecario sin coste alguno durante los próximos años; modificaciones como la Ley del IVA para mejorar el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones; medidas de impulso al mercado de la vivienda protegida, fomentando su construcción y favoreciendo la concesión de créditos hipotecarios a través del ICO para su adquisición; y, por supuesto, medidas para reforzar la actividad en el sector de la construcción mejorando la ejecución de las obras públicas y favoreciendo el reciclaje de los trabajadores del sector con un plan específico.
Para mejorar la liquidez de las empresas, hemos decidido incrementar avales del Tesoro para otorgar créditos a las Pymes y aprobado la modificación del sistema de devoluciones del IVA, que a partir del año próximo pasará a ser mensual.
En resumen, se trata de un primer conjunto de medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico, a ayudar a quienes tienen que hacer frente a una cuota más alta en su hipoteca por la subida del Euríbor, a estimular la actividad empresarial en general y en el sector de la construcción en particular, con incentivos para la vivienda protegida, rehabilitación e inversión en obra pública; y también para garantizar la liquidez en el mercado y fomentar la actividad empresarial.
Se trata de un plan que podemos poner en marcha y lo podemos poner en marcha porque la política económica y presupuestaria que ha hecho el Gobierno en los últimos cuatro años ha permitido acumular superávit en las cuentas públicas. Precisamente son esas reservas acumuladas las que nos permiten tomar medidas para estimular la economía, para animar la creación de empleo y, en definitiva, para ayudar a los ciudadanos y a las familias que viven con mayores dificultades.
Son unas medidas a las que más adelante habrá que sumar las que surjan del diálogo social y económico que vamos a poner en marcha, y las de las reformas que también el Vicepresidente del Gobierno va a promover a favor de la competitividad, de la reforma de la Administración y las que tienen que ver con el cambio de patrón económico derivado del impulso innovador, tecnológico e investigador.
Ya muy brevemente, quería reseñarles que, como recordarán, el lunes el Gobierno acordó recabar del Consejo General del Poder Judicial el informe preceptivo sobre la propuesta de cese y nombramiento del Fiscal General del Estado. Pues bien, el Consejo ha informado positivamente sobre la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, hemos tomado conocimiento de esta decisión y el Consejo ha acordado remitir al Presidente del Congreso de los Diputados la propuesta del nombramiento de don Cándido Conde-Pumpido como Fiscal General del Estado, a los efectos de que se haga la preceptiva comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.
Quiero destacar también un importante acuerdo adoptado hoy por el Consejo que permitirá que en España se instale una oficina de representación de la Organización Internacional para las Migraciones. Creo que resulta muy esclarecedor que esta importante organización, la OIM, haya decidido instalarse en España y es que nuestro país, no sólo está trabajando con eficacia en esta tarea de contar con una inmigración legal y ordenada, sino que además está promoviendo su estudio y debate constructivo en todos los foros internacionales.
El Consejo ha autorizado también la contratación de la adquisición de equipos y medios técnicos para la ejecución del despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, más conocido como SIVE, en las Islas Baleares y en la provincia de Castellón, por un importe de quince millones de euros. Saben que estamos implantando todo el sistema en toda la costa y con esta decisión es evidente que lo que pretendemos es mejorar la vigilancia del litoral para luchar con más eficacia contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico, y, por supuesto, para prestar ayuda humanitaria con más rapidez a los ocupantes de las embarcaciones detectadas.
Y finalizo con infraestructuras. El Consejo ha autorizado la realización de obras complementarias en el nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste de España. La inversión supera los 113 millones de euros.
Ya saben que pueden ampliar la información en la Referencia. Les dejo con el Vicepresidente, no sin antes decirles que, como ya ustedes se esperaban, hoy se han producido, como complemento de lo que hicimos en el anterior Consejo de Ministros, muchos nombramientos de altos cargos de la Administración que, por supuesto, los tienen también en la Referencia.
Vicepresidente.- En primer lugar, para iniciar el curso y la Legislatura les diría que hoy, como ha señalado la Vicepresidenta, el Gobierno ha adoptado un primer paquete de medidas, primer paquete de medidas lo cual quiere decir que habrá decisiones recurrentemente en función de las necesidades de la economía que pretenden, básicamente, estimular la demanda dando más recursos a las familias, apoyar al sector inmobiliario y a apoyar la financiación de pequeñas y medianas empresas, intentando, en gran medida, buscar soluciones a los problemas de liquidez sin suplantar, por supuesto, al mercado.
En segundo lugar, es verdad que este esfuerzo que se hace con el paquete o con el conjunto de medidas, mejor que paquete, que hoy presentamos es coherente con nuestro compromiso político del equilibrio fiscal. Esa filosofía va a seguir también aplicándose a lo largo de esta Legislatura y creemos que es fundamental para la credibilidad de nuestro país en el exterior.
Con estas medidas cumplimos los compromisos que se adoptaron en la campaña electoral. Evidentemente, como decía anteriormente, volveremos a hablar de economía bastantes veces a lo largo de la Legislatura y seguimos con nuestra idea de poner en marcha un diálogo con los interlocutores sociales en los próximos meses, de tal forma que gran parte de los temas que tengamos que poner en marcha sea con el máximo consenso posible.
A partir de ahí, hago un comentario inicial sobre la coyuntura actual y después pasaré a las medidas propiamente dichas.
Sobre la coyuntura actual, la situación económica global, la situación económica mundial, está siendo marcada por unas turbulencias financieras internacionales que se originan en Estados Unidos, que merman la liquidez de los mercados y que acaban teniendo o pudiendo tener impacto sobre las perspectivas de crecimiento en todo el mundo desarrollado. Es, por lo tanto, una coyuntura complicada, de duración incierta y con efectos difíciles de estimar de forma precisa.
Al mismo tiempo, en España nos enfrentamos con un escenario, como consecuencia de nuestra posición en el ciclo, de una cierta desaceleración que, sobre todo, afecta al sector de la construcción. Es un sector que, como ustedes conocen y lo hemos repetido muchas veces, ha tenido unos años de importante actividad, posiblemente incluso superior a las necesidades de una demanda normal, y que, lógicamente, hay que reconducir de forma progresiva a una posición de equilibrio, de tal forma que nos permita mantener una actividad que sea algo más moderada, pero más sostenible.
Pese a la coyuntura inmobiliaria y pese a esa incidencia en las turbulencias financieras, yo creo que todas las previsiones que en estos momentos tenemos, incluyendo las más pesimistas, lo que dan son crecimientos para nuestro país entre medio y un punto por encima del crecimiento de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, digamos, somos conscientes de esta situación de desaceleración pero también somos conscientes que tenemos un margen de maniobra; margen de maniobra que, si ustedes han seguido la campaña electoral, y ya lo hemos destacado en ella, la consecuencia de la anterior Legislatura es que España disponga de una razonable fortaleza económica que sitúa a nuestro país en una mejor disposición para afrontar las complicaciones que puedan presentarse en un contexto como el actual.
Hemos hablado del superávit presupuestario, hemos hablado de la reducción de la deuda, hemos hablado también de la gran inversión que hemos realizado durante estos años y del mayor empleo. Todo eso ha significado capacidad de crecimiento potencial adicional para nuestra economía y margen de maniobra adicional para hacer frente a estas circunstancias.
Esos fundamentos positivos a los que he hecho referencia nos han permitido un margen de maniobra fiscal, al que hemos recurrido para adoptar alguna de las medidas que les voy a comentar, especialmente la de los cuatrocientos euros, y que nos permite reaccionar de forma positiva en una coyuntura como la actual.
Dicho esto, pasamos al plan de estímulo económico de diez mil millones de euros, del que luego contaré cuál es la naturaleza de cada una de las medidas en términos presupuestarios o financieros.
El paquete o las medidas que hoy presentamos recogen como idea preponderante la rebaja de impuestos. Con ella devolvemos a la sociedad parte de los recursos que habíamos acumulado en el período anterior. Van destinados, fundamentalmente, a empresas y familias, y consideramos que es razonable llevar a cabo este esfuerzo.
También, como he comentado anteriormente, pretenden impulsar el sector de la construcción, especialmente el de la vivienda protegida, ya que la vivienda libre está mostrando un menor dinamismo en este momento, como es lógico. Y, además de la vivienda protegida, prestar atención también a la rehabilitación de vivienda o a la obra civil. Obviamente, los grandes afectados de una reducción de actividad en el sector de la construcción son los trabajadores, especialmente la construcción residencial, y por eso es importante que también prestemos atención a qué se puede hacer en el caso de los trabajadores.
En definitiva, las medidas se orientan alrededor de dos ejes: uno social (protección de la familia, protección de trabajadores y protección de las empresas ante este nuevo escenario económico) y uno económico, que es impulsar la economía desde el Presupuesto en esta fase de menor crecimiento pero, como he dicho anteriormente, con la idea fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico. Ese criterio, como he dicho, debe conformar nuestra política económica y debemos incorporarlo como un elemento clave de nuestro modelo económico, que nos va a permitir así reforzar nuestras posibilidades de crecimiento.
En cuanto a las medidas que hemos adoptado, en el ámbito impositivo la primera idea es la nueva deducción de cuatrocientos euros, medida que estaba recogida o que se planteó durante la campaña electoral y que anunciamos que sería puesta en marcha en el primer Consejo de Ministros de esta Legislatura. Supone un importante apoyo a las familias y a los trabajadores, que va a permitir aumentar su renta disponible y, sin duda alguna, tendrá un impacto positivo sobre el consumo. Estamos hablando de un ahorro total para los contribuyentes de, aproximadamente, seis mil millones de euros que es un ahorro de 0,6 puntos del PIB y un aumento del 0,9 por 100 de la renta disponible de las familias. Por lo tanto, pensamos que tendrá impacto positivo sobre la economía.
Las medidas adoptadas el pasado año en reducción de impuestos fueron 8.650 millones de euros y con esta nueva deducción estamos hablando así de 6.000 millones de euros más, que afectan a más de dieciséis millones de contribuyentes.
La segunda idea en el ámbito impositivo es promover la rehabilitación mediante una mejora del tratamiento fiscal. La rehabilitación de edificios en nuestro país sólo se considera que es tal, y por lo tanto tiene ventajas fiscales, en su concepción tradicional, cuando se llevan a cabo obras fundamentales de las viviendas y por una cuantía superior al 25 por 100 del valor total del inmueble. En el valor total del inmueble se incluía el suelo y se incluía el del inmueble propiamente dicho. Con motivo de que más gente pueda acogerse a estas ventajas que van a permitir la rehabilitación, ese 25 por 100 se aplicará sólo al vuelo y no al suelo. Eso quiere decir que muchas más rehabilitaciones de este tipo se podrán poner en marcha.
Como medida complementaria de lo que también en el IRPF, cuando hay reformas de tipo estructural en las viviendas, hay para las familias algunas ventajas, para el IRPF lo que haremos es, en un plazo de tres meses, también dar el mismo tratamiento.
Una tercera idea en términos fiscales es que el Gobierno ha decidido eliminar el gravamen del Impuesto sobre Patrimonio, de forma que la declaración que vamos a presentar este año y que corresponde al año 2007 es la última declaración que se va a presentar. Dicho en otros términos, es verdad que el Impuesto se devenga a 31 de diciembre, pero por entendernos diríamos que ya no hay que pagar Impuesto de Patrimonio desde el primero de enero de este año. Por lo tanto, ya en el año 2008 no se paga impuesto de Patrimonio si se aprueba esta norma por el Parlamento y, lógicamente, no se devengará el 31 de diciembre y no tendrá que pagarse el año que viene.
Un segundo paquete de temas está vinculado a ayudas al mundo hipotecario y ayudas a la liquidez. La primera idea es la ayuda a las familias hipotecadas. Éste es un tema que también lo presentamos durante la campaña electoral. A partir del mes de mayo se podrá plantear la prolongación o el alargamiento del período de vida de las hipotecas. Esta medida tendrá vigor durante dos años. Consiste en un acuerdo, básicamente, con el sistema financiero, pero también con los notarios y registradores y a través de un sistema mejor definido que permita la reducción de gastos, para conseguir que los costes que hoy tiene el paso de una hipoteca al alargamiento o a la ampliación del período hipotecario sean con un coste cero.
Dentro de estos temas también está la mejora de la liquidez de las empresas a través de la ampliación de la línea de los fondos de FTPYME. Aquí la idea es muy simple: con objeto de captar recursos, prestamos el aval del Tesoro para poder recoger más o recoger en mejores condiciones liquidez que permita financiar a las pequeñas y medianas empresas a través del sistema bancario.
Otra medida que tiene que ver con la liquidez es la aceleración de las devoluciones del IVA. Como posiblemente ustedes conocen, hasta ahora las devoluciones del IVA en las grandes empresas se producen mensualmente pero, sin embargo, en el grueso de las empresas, que no son las grandes empresas, que son muy pocas, se produce el año siguiente, es decir, una vez vencido el ejercicio correspondiente. Aquí lo que planteamos es que las devoluciones se produzcan mensualmente en el propio ejercicio.
La puesta en marcha de un modelo, de un sistema de ese tipo, lo que significa es un cambio importante en todo el sistema informático. Por eso tomamos la decisión ahora y no la podemos aplicar hasta el próximo ejercicio del año 2009; pero, sin embargo, creemos que el “timing” de esta decisión y la cuantía de esa decisión son correctas y son positivas, porque supondrá que a partir del primero de enero vamos a introducir en el mercado hasta seis mil millones más de euros de devolución a las empresas lo que, lógicamente, permitirá mejorar en 2009 la liquidez de las empresas que en estos momentos están pagando IVA.
Vinculada al estímulo a la financiación de vivienda protegida, pero también vinculada con el tema de la liquidez, está la idea de ampliar la línea de avales que el ICO está dando hoy al sector financiero para la titulización de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida, y pasamos de tres mil millones a cinco mil millones; por tanto, dos mil millones más.
Hay también una preocupación del Gobierno en reforzar la actividad en la construcción de la obra pública. Por eso desde la Comisión Delegada vamos a prestar especial atención a este tema. En todo caso, sí querría ya darles alguna información que la Ministra de Fomento nos facilitó ayer en la primera Comisión Delegada en la que hablamos de estos temas y que puede dar una idea de cómo va la liquidación de Fomento, que no es toda la obra pública del país, pero es la parte muy importante de la obra pública del país.
Fomento ha realizado un esfuerzo muy importante en estos meses, a pesar del período electoral, para acelerar la licitación de obra pública. En el primer trimestre del año se han licitado obras por más de seis mil millones de euros, lo cual supone un incremento de licitación de más del 90 por 100 respecto al mismo período del año anterior. Esto representa que el 40 por 100 del total de licitación prevista para el año 2008 se ha producido ya.
Evidentemente, después de la licitación viene la concesión y el inicio de la obra, lo cual quiere decir que a lo largo del segundo semestre de este año y el año que viene vamos a tener en marcha la maquinaria de construcción con toda su potencia y, sin duda alguna, será un elemento compensador y muy positivo en términos de evolución de la economía.
Para la vivienda protegida hay alguna serie de temas que tienen que dilucidarse en Conferencia Sectorial, hay que avanzar sobre ellos y, por lo tanto, se convocará urgentemente la Conferencia Sectorial de Vivienda para, por una parte, analizar las medidas necesarias para agilizar la construcción de vivienda protegida hasta alcanzar esos 150.000 viviendas que pretendemos alcanzar al año. Como ustedes saben, éste es un tema compartido con Comunidades Autónomas, pero también los Ayuntamientos responsables del suelo tienen mucho que decir. En consecuencia, no son medidas fáciles de poner en marcha y ésa es la tarea, la primera tarea, de la nueva Ministra de Vivienda.
Lógicamente, hay elementos de rehabilitación que no quedan cubiertos por las medidas que hemos adoptado hasta ahora que también tendrán que ser considerados, y tendrá que prestar también especial atención a la utilización de otros recursos que están en otros programas de otros Ministerios, pero que tienen mucho que ver con la vivienda, y que son los programas de accesibilidad y de eficiencia energética.
En un ámbito totalmente distinto, pero que sí que está vinculado al tema de liquidez, hay una medida sobre facilitación de la inversión extranjera mediante la fiscalidad de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija.
Vender en el exterior deuda pública, pero también otros instrumentos financieros de renta fija, públicos o privados, ha sido tradicionalmente una de las líneas de financiación de nuestra economía. Hoy prácticamente la mitad de la deuda del Estado está en manos de no residentes. Sin embargo, el régimen aplicable a los inversores en deuda pública y en estos instrumentos a los que he hecho referencia se ha quedado absoleto en comparación con el sistema que aplican otros países de la Unión Europea por las trabas especialmente vinculadas a las declaraciones que son necesarias para la devolución de los impuestos percibidos. En consecuencia, lo que pretendemos con esta norma es evitar esas trabas y estar en las mismas condiciones que otros países para conseguir facilitar que ese tipo de activos compita en igualdad de condiciones en nuestro mercado con otros mercados europeos.
En el ámbito de la construcción decía que hay un punto que nos interesaba especialmente, que era el de la recolocación de los trabajadores desempleados. Por eso, después de consultar con las organizaciones sindicales, se proponen unas medidas de inserción laboral y de formación profesional que están vinculadas y que lo que pretenden es que la gente que salga de ese sector pueda encontrar trabajo en otro tipo de actividades. Al mismo tiempo, se establecen algunas ayudas mensuales de 350 euros para la búsqueda de empleo durante tres meses máximo para desempleados con especiales dificultades de inserción y con rentas muy bajas, rentas inferiores al IPREM.
También hay unas ayudas a trabajadores desempleados cuya contratación implique movilidad geográfica para intentar que la disponibilidad de los trabajadores que existe en nuestro país, lógicamente, pueda encajarse de acuerdo con nuestras necesidades.
Todo este plan tiene una dotación de doscientos millones de euros, a grosso modo, que financiará el Ministerio de Trabajo.
Un tema distinto, que en cierta medida es resolución de un problema puntual, es el de las empresas que tienen dificultades como consecuencia de la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad para presentar sus cuentas con la opción entre pago fraccionado con cargo al pasado año o este año. Ha sido difícil todo ese proceso, hay que ampliar ese plazo, ese plazo se prorrogará desde el 20 de abril hasta el 5 de mayo y, lógicamente, ese plazo les permitirá a las empresas elegir entre una u otra opción.
Hay un sumatorio de las cifras para rebaja de impuestos y recolocación, y cada cifra es de naturaleza distinta. Los seis mil millones son, evidentemente, deducción de impuestos, que, por lo tanto, afectan al Presupuesto; la recolocación de trabajadores desempleados también se financiará con el presupuesto ya existente en el Ministerio de Trabajo; hay una movilización de recursos, por lo tanto de liquidez, que es la mejora de liquidez de empresas, en dos mil millones, y el estímulo a la vivienda protegida también es de dos mil millones, lo cual supone unos 10.000 millones o 10.200 millones de inyección de recursos a la economía, lo que, sin duda, tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico.
Las medidas tendrán también impacto en 2009, en la medida en que habrá un impacto presupuestario de menor recaudación en el Impuesto de Patrimonio de unos 1.800 millones de euros que, lógicamente, al ser un recurso de Comunidades Autónomas habrá que trasladar a Comunidades Autónomas y habrá de financiarse por los Presupuestos del Estado; y, en segundo lugar, el adelanto de las deducciones del IVA mejorará la liquidez en seis mil millones a los ciudadanos españoles.
Éste es el conjunto de medidas que hoy hemos adoptado. Yo creo que es complejo, pero es importante. Únicamente me ha faltado un punto, para que no haya error posteriormente, que es que las ayudas a las familias hipotecadas es una medida de tipo temporal que estará en vigor durante dos años. Por lo tanto, empezará en mayo y estará en vigor durante dos años, los dos próximos años, para hacer frente a este tipo de dificultades específicas.
Éstos son todos los comentarios que quería hacer y estoy a su disposición para contestar a cualquier otro tema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario